Los sobornos, por $4 mil millones, ordenados por el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Carlos Ramón González, llegaron a manos de los expresidentes de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, y del Senado, Iván Name, entre otros personajes.
El santandereano Carlos Ramón González fue quien dio la orden a los exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, de pagar sobornos por $4.000 millones a los expresidentes de la Cámara de Representantes y del Senado de la República.
La información fue confirmada durante la audiencia de imputación de cargos contra los exdirectivos de la entidad, Olmedo López y Sneyder Pinilla, y Luis Eduardo López, el contratista de los carrotanques para La Guajira.
Los tres fueron imputados como responsables, según el ente investigador, de cinco delitos: concierto para delinquir, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
Estos personajes están implicados en las irregularidades de contratación en la Ungrd, luego de varios meses de especulaciones sobre lo que sucedió con el escándalo por la compra de 80 carrotanques para llevar agua potable a La Guajira, entre otros presuntos delitos.
La orden impartida por el hoy Director de Inteligencia, Carlos Ramón González, fue entregarles dinero a los expresidentes del Senado, Iván Name, y de Cámara, Andrés Calle, con fines de manipulación de decisiones legislativas, según se investiga.
La fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Andrea Muñoz, responsable de la investigación, confirmó que los exdirectivos de la Unidad, Olmedo López y Sneyder Pinilla, pagaron esos sobornos.
Se pagaron con dineros públicos, por orden de Carlos Ramón González y a través de Sandra Ortiz, exconsejera de las regiones, precisó la Fiscal Delegada ante la Corte Suprema.
“Coordinó, usted, señor Olmedo, con Sneyder Pinilla, la entrega de $3.000 millones en efectivo, al entonces presidente del Senado, Iván Leonydas Name Vásquez, a través de Sandra Liliana Ortiz Nova”, dijo la Fiscal.
Aclaró que, para la época de los hechos Ortiz Nova era la Consejera para las Regiones de la Presidencia de la República.
Agregó que, también se dio “la entrega de $1.000 millones directamente al presidente de la Cámara, Andrés David Calle Aguas, conforme las instrucciones que le dio Carlos Ramón González Merchán”.
Para ese momento, González Merchán se desempeñaba como director del Departamento Administrativo para la Presidencia de la República, DAPRE.
Hay que recordar, además, que el funcionario fue miembro activo del desmovilizado grupo guerrillero M-19.
Otros hallazgos
Lo que encontró la Fiscal es que Olmedo López y Sneyder Pinilla, entre otros funcionarios tanto de la Ungrd como de otras entidades, y contratistas, aprovecharon las declaratorias de desastre nacional y de calamidad pública emitidos por el Gobierno Nacional.
Crearon una empresa criminal dedicada a direccionar contratos a cambio de coimas.
La mayoría de esos convenios terminaron en manos de Luis Eduardo López, conocido como ‘El Pastuso’, quien dirige más de 30 empresas, de las cuales fueron utilizadas cinco: Brands SAS, Impoamericana Rogers SAS, Proyectos RML y Kalmo SAS.
Además de los nombrados, la Fiscalía puso de presente que de esa supuesta organización criminal también hicieron parte Pedro Andrés Melo, asesor jurídico de la Ungrd, y Luis Carlos Barreto.
También aparecen funcionarios de otras entidades estatales, como César Augusto Manrique, director del Departamento Administrativo de la Función Pública.
En ese contexto, la Fiscalía explicó que encontró irregularidades en 21 contratos relacionados con la adquisición de carrotanques, su alquiler y compra, y la suscripción de contratos financiados con recursos trasladados de la Agencia Nacional de Tierras.
Antecedentes
“Usted, señor Olmedo, acordó con Sneyder Pinilla dirigir los contratos u órdenes de proveeduría del alquiler de carrotanques y sus interventorías, a contratistas amigos a cambio de que estos pagaran coimas en favor de ambos”, advirtió la fiscal Muñoz.
Con la información entregada por la Fiscalía, se confirma que el entonces director del Dapre y actual director de la Agencia de Inteligencia, Carlos Ramón González, le habría dado la instrucción a Olmedo López para utilizar dinero de la Ungrd y pagar sobornos.
Una vez recibió la orden, Olmedo López habría acudido a su exsubdirector, Sneyder Pinilla, para que empezara a buscar la plata a través de contratistas.
De esa manera facilitarían las coimas que terminaros en el bolsillo de poderosos congresistas, a cambio de que apoyaran las reformas del gobierno Petro, según la versión de los implicados en este caso.
Pinilla terminó acudiendo a Luis Eduardo López, quien se ganó el contrato de los carrotanques para La Guajira.
Este personaje le facilitó $4 mil millones que se distribuyeron entre los entonces presidentes del Congreso de la República.
Con esa información, la DIJIN de la Policía realizó una diligencia judicial en el Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, para buscar evidencias que comprometieran a Carlos Ramón González con el escándalo de corrupción que sacude al gobierno Petro.
Como director del DAPRE, González Merchán ha tenido que presentarse en la Corte Suprema de Justicia, para rendir versión libre en la investigación que adelanta el magistrado Francisco Farfán, contra los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle.
Lo que se sabe es que, en esa diligencia también ha sido escuchada la exconsejera para las Regiones de la Presidencia, Sandra Ortiz.
El papel del Ministro Bonilla
La fiscal Andrea Muñoz aseguró que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, coordinó el direccionamiento de contratos en Cotorra (Córdoba), El Salado (Bolívar) y Saravena (Arauca).
En ello estaban integrados, “indebidamente, los senadores y representantes de la comisión tercera de hacienda y crédito público, del Congreso. Julio Elías Chagui, Wadith Alberto Manzur, Karen Manrique, Liliana Esther Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo”.
La Fiscal Muñoz dijo que Sneyder Pinilla, además de tener participación en los hechos anteriores, simuló la escogencia aleatoria de las empresas a cotizar, cuyos propietarios eran avisados con anterioridad, incluyendo la coima a pagar.
Durante la audiencia de imputación de cargos y petición de medidas de aseguramiento que se adelanta contra los responsables del desfalco a la Ungrd, la fiscal Muñoz estableció la responsabilidad del Ministro.
Advirtió que Bonilla se concertó con Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector de la entidad.
Carrotanques de La Guajira
En relación con la adquisición de carrotanques y otros elementos, la Fiscal afirma que, los involucrados se aliaron para entregar los contratos de proveeduría, mediante invitación, a las empresas de Luis Eduardo López Rosero, a cambio de un 13 % de coimas.
Todo estaba coordinado desde antes, según la Fiscal, porque los invitaban a cotizar, lo cual incluía el monto de la coima que debían pagar y se los entregaban el mismo día, o en los días siguientes. Todos ellos por un valor de $108.000 millones de pesos.
En ese contexto, la Fiscalía explicó que Olmedo López acordó con Sneyder Pinilla disponer de $100.000 millones de la entidad, para esos contratos y entregarlos a sus aliados.
Así se obtendría dinero, “para cumplir con el compromiso de entregarlo a los congresistas Name y Calle y para su propio beneficio”.
Más irregularidades
Olmedo López y los demás involucrados también habrían dirigido contratos destinados al suministro de 30 carrotanques para temporada de sequía, en el departamento de Córdoba.
El control y suministro de cinco carrotanques, para la misma temporada de sequía, en Buenaventura, por $1.000 millones; el suministro de 50 carrotanques, en Bolívar, por $9.000 millones, entre otros.
La Fiscalía encontró otros contratos similares. En concreto, se gestionó el traslado de $100.000 millones que la Ungrd tenía con la Agencia Nacional de Tierras.
En contraprestación, Olmedo permitió que Luis Carlos Barrreto y su jefe político, César Augusto Manrique, direccionaran a empresarios cercanos a la contratación de plantas desalinizadoras, carrotanques, pozos subterráneos, entre otros, todo a cambio de coimas.
Aunque todos están negociando un principio de oportunidad con la Fiscalía, ninguno aceptó cargos. La audiencia de medida de aseguramiento se realizará el próximo 7 de agosto.