Los contratistas, “en apariencia no contaban con los requisitos de capacidad jurídica ni de experiencia para desarrollar las actividades que se especificaron en cada contrato”, pues “se dedicaban a la venta de pólvora, actividades de construcción, la venta de licores y actividades de pesca”.
Eduardo José González Angulo, exdirector de la Ungrd durante el gobierno de Iván Duque, (2018 – 2022), autorizó contratos para atender el Covid-19 con empresas dedicadas a la venta de pólvora y de licores, entre otras actividades.
La Procuraduría General de la Nación investiga presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, cometidas al suscribir cuatro contratos durante la época de la pandemia.
Luego de estudiar el caso, la Procuraduría General le formuló pliego de cargos al exdirector González Angulo.
Como ordenador del gasto del Fondo Nacional de la Ungrd, González Angulo habría instruido a la Fiduprevisora para que, en su calidad de representante legal, vocera y administradora de la subcuenta para la mitigación de emergencias Covid-19, gestionara los negocios jurídicos.
La Delegada Disciplinaria de Instrucción 6 para la Contratación Estatal, señaló que el entonces funcionario sería el directo responsable, por el rol que ejercía como director de la Ungrd.
El Ministerio Público sostuvo que los cuatro contratos se suscribieron con contratistas que, “en apariencia no contaban con los requisitos de capacidad jurídica ni de experiencia para desarrollar las actividades que se especificaron en cada uno de ellos”.
Eduardo José González Angulo, exdirector de la Ungrd durante el gobierno de Iván Duque, (2018 – 2022), autorizó contratos para atender el Covid-19 con empresas dedicadas a la venta de pólvora y de licores, entre otras actividades.
La Procuraduría General de la Nación investiga presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, cometidas al suscribir cuatro contratos durante la época de la pandemia.
Luego de estudiar el caso, la Procuraduría General le formuló pliego de cargos al exdirector González Angulo.
Como ordenador del gasto del Fondo Nacional de la Ungrd, González Angulo habría instruido a la Fiduprevisora para que, en su calidad de representante legal, vocera y administradora de la subcuenta para la mitigación de emergencias Covid-19, gestionara los negocios jurídicos.
La Delegada Disciplinaria de Instrucción 6 para la Contratación Estatal, señaló que el entonces funcionario sería el directo responsable, por el rol que ejercía como director de la Ungrd.
El Ministerio Público sostuvo que los cuatro contratos se suscribieron con contratistas que, “en apariencia no contaban con los requisitos de capacidad jurídica ni de experiencia para desarrollar las actividades que se especificaron en cada uno de ellos”.
El hecho, se precisó, es que esas entidades “se dedicaban a la venta de pólvora, actividades de construcción, la venta de licores y actividades de pesca”.
La Procuraduría General resaltó, además, el incumplimiento de un contrato por más de $93.500 millones, destinado a suministrar ventiladores para preservar la vida de pacientes con Covid-19, internados en unidades de cuidados intensivos.
Esos hechos, en criterio del Ministerio Público, “indicarían una actuación irresponsable”.
Con su posible comportamiento, dijo la Procuraduría, González Angulo vulneró el principio de moralidad pública.
Además, “habría pasado por alto el cabal cumplimiento de los deberes funcionales que tenía la obligación de cumplir, con lo que habría materializado la comisión de una falta, que de manera provisional fue calificada como grave, a título de culpa gravísima”.
Proceso en la Contraloría
En la última semana de abril de 2024 González Angulo también fue vinculado por la Contraloría General de la República en otro proceso de responsabilidad fiscal.
Este organismo investiga presuntas irregularidades en dos contratos destinados a la construcción de 909 viviendas en Mocoa, Putumayo, por valor superior a los $24.315 millones.
El origen de los contratos sería un convenio administrativo luego de la emergencia desencadenada por la avalancha de marzo de 2017.
Según la Contraloría, los contratos presentan inconsistencias que ascienden a más de $18.566 millones, en fondos no ejecutados.
Además, no hubo entrega oportuna de viviendas del proyecto Sauces II, y habría ocasionado un presunto detrimento patrimonial adicional, superior a los $5.758 millones.
Al parecer, hubo una prolongación en el pago de subsidios destinados a los damnificados, quienes a esa fecha no recibían las viviendas prometidas.
La Contraloría vinculó como presuntos responsables al entonces exdirector interino de la Ungrd, desde abril de 2022, Fernando Carvajal Calderón.
También a su predecesor entre 2018 y 2022, Eduardo José González Angulo.
En la investigación también quedaron incluidos el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco Chávez, quien estuvo al frente de la Ungrd entre abril y mayo de 2023, y otras figuras como Javier Pava Sánchez y Olmedo López Martínez.
En respuesta, Velasco salió en defensa del proyecto y dijo que era un riesgo evidente y no era viable su construcción en la zona propuesta.
“Quien hizo esos contratos, los hizo señalando que se tenía que construir en una zona de riesgo. Es una irresponsabilidad gigantesca que tiene que ser profundamente investigada y sancionada”, agregó.
Sabía que…
La Ungrd es la entidad más mencionada en las conversaciones del grupo delincuencial, ‘Las Marionetas’, con 278 registros en 3.535 llamadas interceptadas durante la dirección de Eduardo José González Angulo?
Y hay más procesos
En otros procesos, la Procuraduría General investiga al exdirector de Gestión del Riesgo, Eduardo José González Angulo, por presuntas contrataciones irregulares, también con recursos para la pandemia.
En este caso también resultó implicado el secretario general del Ministerio de Salud, Gerardo Lubín Burgos Bernal.
El anunció oficial de la apertura de investigación se conoció dieciséis meses después de la denuncia sobre presuntos sobrecostos en mercados de emergencia para enfrentar la pandemia.
La investigación disciplinaria de la Procuraduría General busca establecer la responsabilidad en la suscripción y ejecución de dos contratos por valor de $2.340 millones, entre la Ungrd y la sociedad Proalimentos Liber S.A.S.
Esa contratación habría sido directa, “sin tener en cuenta las disposiciones legales vigentes y sin verificar una sanción anterior por cartelización, impuesta por la Superintendencia de Industria”.
Los dos contratos tenían como objeto adquirir kits alimenticios para los afectados por la pandemia.
$1.5 Billones de pesos obtuvo con diferentes contratos, Proalimentos Liber S.A.S., empresa que hacía parte de un cartel de contratación en el programa de Refrigerios escolares en Bogotá y que se beneficio entre 2007 y 2017.
También, alimentos escolares
En la Contraloría General ya estaba en curso otro proceso de responsabilidad fiscal contra González Angulo, desde octubre de 2020.
En esa fecha se anunció la investigación, por haber suscrito tales contratos con una empresa que hacía parte de un cartel de contratación en el Programa de Refrigerios Escolares en Bogotá.
Proalimentos Liber S.A.S fue la empresa beneficiada por más de una década (2007-2017) con distintas licitaciones, por hasta $1.5 billones, según pliego de cargos de la SIC.
La supuesta irregularidad se estaba realizando, al parecer, desde antes de la pandemia, por parte del Ministerio de Salud y Protección Social.
Las pruebas en poder de la Contraloría son las copias de los contratos, las copias de las resoluciones de declaratoria de urgencia manifiesta emitidas por la Ungrd, para agilizar los procesos y copias del acuerdo de Entendimiento y Colaboración, y sus respectivas modificaciones.
Además, los antecedentes contractuales que sirvieron de base para negociar directamente con Proalimentos Liber S.A.S.
Frase:
“La entidad buscará establecer si las situaciones fácticas denunciadas constituyen falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometieron, y la responsabilidad de los sujetos investigados”: Procuraduría General, al anunciar un proceso por un presunto cartel de contratación en el Programa de Refrigerios Escolares en Bogotá.