Las denuncias por sobrecostos en un contrato con el que se compraron raquetas de tenis por más de $4 millones y pelotas a más de $260 mil, entre otros, las hizo el diputado Ferley Sierra, durante un debate de control político en la Asamblea Departamental de Santander.
La Procuraduría General de la Nación encontró “faltas gravísimas” en un contrato firmado en 2022 en Indersantander. Por ello, formuló cargos a directivos y exdirectivos de la entidad.
Las presuntas irregularidades se relacionan con sobrecostos, indebida modalidad de contratación y por contratar sin la existencia de un proyecto de inversión.
La decisión afecta a cinco servidores públicos: un exdirector, la exasesora jurídica, el excoordinador de alto rendimiento, y los coordinadores de Deporte Asociado y de Deporte Estudiantil y Formativo.
Además del pliego de cargos, la Procuraduría citó a una audiencia al exdirector del Instituto Departamental de Recreación y Deporte de Santander (Indersantander), Pedro Belén Carrillo Cárdenas.
Carrillo Cardenas fue vinculado por presuntas irregularidades en el contrato suscrito en 2022, con la Corporación Soluciones Técnicas Agropecuarias y Ambientales, Sotea.
Para la Procuraduría, Pedro Belén Carrillo, director de Indersantander para la época de los hechos, incurrió presuntamente en “dos faltas disciplinarias calificadas como gravísimas, con culpa gravísima”.
A la exasesora Jurídica, Mayra Alejandra Téllez Romero, La Procuraduría le imputó “dos faltas gravísimas, pero cometidas a título de dolo”.
También fueron vinculados al proceso Raúl Enrique Gutiérrez Torres, coordinador de Alto Rendimiento y supervisor del contrato; Miguel Ángel Remolina Muñoz, coordinador de deporte Estudiantil y formativo y Ramiro Andrés Pabón Martínez, coordinador de Deporte Asociado.
A los tres coordinadores la Procuraduría les formuló cargos por “posible comisión de faltas disciplinarias y se les imputó a título de falta gravísima, con culpa gravísima”.
Lo que dice la Procuraduría
El Ministerio Público señala que, los mencionados incurrieron en presuntas irregularidades en la planeación contractual, por indebida modalidad de contratación y deficiencias en la planeación, por sobrecostos en los implementos deportivos.
Estos implementos estaban destinados a las escuelas de especialización deportiva. Además, se habría contratado sin que existiera proyecto de inversión en el banco de proyectos.
La Procuraduría también identificó presuntas irregularidades en la ejecución contractual, relacionadas con la deficiente labor de vigilancia y control en la supervisión del contrato N°. 341 de 2022.
El objeto de ese contrato era: “Desarrollo e implementación institucional del programa de escuelas de especialización deportiva de talento y reserva, dirigido a niños, niñas y adolescentes del departamento, potencializando el talento santandereano acorde al plan departamental de desarrollo”.
Dicho contrato se suscribió el 6 de mayo de 2022, por cuatro meses y quince días.
El valor fue de $499 millones 990 mil y fue ejecutado entre el 26 de mayo y el 10 de octubre de 2022.
Para la Procuraduría, existió incumplimiento por parte del contratista Sotea, por lo cual, en septiembre de 2023 reintegró a Indersantander la totalidad del dinero entregado.
Según el Ministerio Público, eso evidencia, para el caso, la posible defraudación de los principios y normas de contratación estatal.
Y también los postulados del interés general que impidieron la satisfacción de la necesidad reportada por el departamento.
También el exgobernador
Todos estos hechos ocurrieron durante el gobierno de Mauricio Aguilar quien, en otro caso, deberá responder ante la Procuraduría por presuntas irregularidades en un contrato para atender la pandemia, según información publicada por Vanguardia el 26 de junio de 2024.
El Ministerio Público ratificó ayer su decisión de formularle pliego de cargos, por supuestas irregularidades con ese contrato, para atender el Covid.
La Procuraduría encontró que, tanto el entonces gobernador de Santander, como César Augusto García Durán, entonces Director de Gestión del Riesgo y Sergio Orlando Ferro Dávila, supervisor del contrato 541 de 2020, incumplieron “su deber de verificación del contrato”.
Se anuncian procesos
Los procesos disciplinarios y de responsabilidad fiscal contra los exdirectivos y directivos del Indersantander comenzaron durante la primera semana de diciembre de 2022.
El 5 de diciembre de ese año, la Contralora General de Santander, Blanca Luz Clavijo Díaz, anunció la apertura de oficio del proceso de responsabilidad fiscal No. 2022-81, contra Pedro Belén Carrillo Cárdenas, entonces director de ese Instituto.
También vinculó al mismo proceso a Raúl Enrique Gutiérrez Torres, coordinador de deporte de Alto Rendimiento de la entidad.
La Contraloría investigaba “posibles sobrecostos en la contratación adelantada por el Indersantander…”.
Se informó además que, la subcontraloría delegada para el Control Fiscal adelantaba “actuación especial de fiscalización, para atender cuatro denuncias por presuntas irregularidades en la ejecución del contrato No. 341 de 2022″.
Se afirmó que, ese día, 5 de diciembre de 2022, se le solicitó al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, “la suspensión inmediata del ejercicio del cargo del entonces director del Indersantander, Pedro Belén Carillo Cárdenas”.
Dicha decisión, se mantendría, según la Contraloría, mientras “se adelanta el mencionado proceso de responsabilidad fiscal”.
Y al Indersantander se le solicitó “la suspensión provisional inmediata del ejercicio del cargo del coordinador de Deporte de Alto Rendimiento, Raúl Enrique Gutiérrez Torres.
Se aclaró que, dicha medida procedería “mientras se adelanta el mencionado proceso de responsabilidad fiscal”.
El 11 de diciembre del mismo año, la Procuraduría General de la Nación anunció, por su parte, la apertura de una investigación contra el director general del Indersantander, Pedro Belén Carrillo Cardenas, y la asesora jurídica, Mayra Alejandra Téllez Romero.
Se establecían presuntas irregularidades en la compra de raquetas y pelotas para jugar tenis, destinadas a un programa de escuelas de especialización deportiva dirigido a niños y adolescentes.
El origen
Cinco contratos, por más $2.700 millones, pusieron en la mira de los órganos de control a Pedro Belén Carrillo y demás directivos del Indersantander.
Los contratos se firmaron con cuatro corporaciones que, al parecer, no contaban con la idoneidad para la ejecución.
Entre esos contratos, destaca el No. 341, firmado el 26 de mayo de 2024, entre Indersantander y la Corporación Soluciones Técnicas Agropecuarias y Ambientales, Sotea, por $499 millones.
Hay que recordar que, Vanguardia revisó en el mercado local y a través de plataformas de Internet, los precios de los implementos deportivos adquiridos y encontró que, por ejemplo, una raqueta de la marca y referencia con la que juega torneos oficiales el astro del tenis mundial, el español Rafael Nadal, cuesta 260 euros.
Es decir, casi un millón 300 mil pesos, a precio de ese momento. O lo que es igual, tres veces menos de los $4 millones que pagó el Indersantander por las raquetas para el programa de formación en cuestión.
Además, las pelotas oficiales del campeonato de Wimbledon, uno de los torneos más importantes del tenis mundial, tienen un valor promedio en el mercado de 12 euros, unos 60 mil pesos.
Comparado con lo que pagó el Instituto, ese precio es cuatro veces menos de lo que figura en el contrato con la corporación Sotea.
$4 Millones por un raqueta de tenis que a un jugador profesional como ‘Rafa’ Nadal le cuesta $1 millón 300 mil, y pelotas por más de $260.000, que en el mercado local se consiguen por $60.000, hacen parte de las denuncias por presuntos sobrecostos que investigan las autoridades.